Con el marco vigente, los cánones son aprobados con carácter anual en los Presupuestos Generales del Estado, si bien esta reforma destaca que la competencia para fijar las tasas ferroviarias será de los administradores de infraestructuras ferroviarias, Adif en el caso español.
En relación con ello, ¿es el ADIF el organismo más adecuado para la fijación de los precios públicos que las empresas explotadoras deben de pagar por los servicios que éste les presta? Entre otros, figuran la gestión en la circulación de los trenes, la adjudicación de surcos, el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, estaciones incluidas, etc.
Que sepamos, ADIF, por su propia naturaleza, opera en términos de monopolio y si goza de autonomía para imponer los precios que estime oportunos a las empresas operadoras, siempre tenderá, sea consciente o inconscientemente, a que los precios maximicen sus ingresos y por ende el margen de explotación. Este hecho tiene una consecuencia inmediata, que las empresas ferroviarias trasladen los mayores costes directamente a los billetes de los viajeros.
Hasta ahora eran los Presupuestos Generales del Estado y por tanto el Parlamento quien aprobaba los cánones, lo que parece más razonable, ya que los precios con que ADIF carga a las empresas, no sólo deben tener en cuenta lo que dictamine el Administrador sino también otras circunstancias de política y coyuntura económica.
En cualquier caso, los precios que fije el ADIF, deben reflejar exclusivamente los costes de producir los servicios que presta ya que entre sus competencias no está la de ganar dinero, cosa normal en cualquier empresa comercial, que no es el caso.
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