26 diciembre, 2009

ANTE LA INMINENTE TRANSFERENCIA DE CERCANÍAS A CATALUÑA

MINISTRO BLANCO, RECAPACITE SOBRE LO QUE VA A FIRMAR: HAY OTRAS ALTERNATIVAS

Hace pocos días la prensa recogía el acuerdo entre el Gobierno y la Generalidad sobre el importe de la factura de la transferencia de las Cercanías de Barcelona (1), (2), (3), (4). En torno a 117 millones de euros para el año 2010 deberá transferir el Estado a la Generalidad junto con los servicios de Cercanías, al subrogarse ésta en el Contrato Programa que FOMENTO mantiene con RENFE Operadora. A partir del 31/12/2010 será el gobierno autónomo el que ha de decidir si la Operadora pública seguirá prestando el servicio o bien opta por otro operador. El importe del cheque que todos los años Madrid ha de enviar a Barcelona se fija en función del déficit -las pérdidas- de los servicios, ya que los ingresos de tráfico y otros ingresos comerciales no cubren la totalidad de los costes de explotación , amortizaciones y financiación. Éste, que era el sistema por el que FOMENTO subvencionaba a RENFE Operadora es un mal sistema de relación económica Estado/Autonomías ya que el Estado central les transfiere los servicios junto con los recursos para su funcionamiento. Tampoco es solución la nueva metodología que anuncia FOMENTO de aplicar para los años venideros una pretendida "homogeneización" del cálculo de la factura de los distintos núcleos urbanos y metropolitanos españoles que cuentan con servicios de Cercanías.

Hasta ahora, RENFE era "una operadora del Estado y para el Estado", siendo éste, quien mediante el oportuno contrato-programa, cubría los déficits de las Cercanías y fijaba las inversiones en trenes y otros activos. La operadora funcionaba como un empresa con su cuenta de pérdidas y ganancias y por tanto con sus correspondientes ingresos y costes. Por el contrario, en la nueva situación, RENFE es una operadora que prestará sus servicios de explotación de una red que, en su momento, también pasará a manos autonómicas, y cuya planificación y definición de los servicios así como de los recursos afectos a la explotación son fijados por la Generalidad. No tiene ningún sentido que en estas circunstancias RENFE Cercanías de Barcelona funcione como lo venía haciendo hasta ahora. RENFE Operadora se configura como un mero prestador de un servicio, por cuenta de otro, que es el titular de los mismos -antes el Estado, ahora la Generalidad-, sin facultad alguna para definir estrategias y condiciones de negocio. En estas circunstancias, lo lógico es que RENFE Operadora se limite a prestar los servicios de transporte ferroviario metropolitano que le demande la Generalidad y que reciba de su cliente un precio equivalente al coste de producirlos más un surplus, pactado, por concepto de incentivo de calidad y gestión. Los ingresos de los billetes y los comerciales que procedan debe quedárselos el titular -la Generalidad- ya que es él quien determina y fija la oferta de servicios y la política tarifaria que estime oportuna. De esta manera, las cuentas están meridianamente claras y si la Generalidad amplía o recorta servicios, éstos no deben ser por cuenta del Estado ya que han sido decisión de un poder distinto al del Estado central. Otro tanto cabe aplicar a las nuevas inversiones que decida acometer, a partir de ahora, la Generalidad. Lo contrario sería enfrascarnos en una nueva alocada carrera de peticiones de las autonomías en que el Estado invita a barra libre. Bajo ningún concepto el Estado central debe sufragar, sin límite, los niveles de servicios que deciden otros.

Este sistema, que debe ser de aplicación al resto de transferencias de otras metrópolis españolas en materia de cercanías, evita discriminaciones entre unas y otras -cada cual paga los kms que decida hacer cada año y con la calidad que demande- mediante un precio igual para todas, evita rebuscadas metodologías que acaban conduciendo a oscuros e incumplibles acuerdos y delimita las responsabilidades de cada cual. Este modelo de transferencia resulta tan sencillo, como ponerse de acuerdo en el precio unitario del, o los, servicios. Los riesgos de los ingresos, derivados de los riesgos inherentes a la demanda, así como los de las tarifas, deben ser asumidos por quienes deciden los servicios y el precio a cobrar a los usuarios. A RENFE Operadora la Generalidad le paga sus costes de producir y un poco más, y punto. Luego, el Ministerio de FOMENTO y la Generalidad que hagan lo que quieran, aunque poco sentido tiene lo acordado en que el ministerio transfiere los recursos a la Generalidad, para que luego ésta cubra el déficit de la operadora, que no tiene arte ni parte en ese juego y lo único que hace es mover trenes desde donde le dicen, a donde le dicen, de la manera más eficaz y eficiente para todos,

Por otro lado, es harto discutible el por qué el Estado central debe seguir financiando los costes, el mantenimiento y las nuevas inversiones de los servicios, una vez éstos transferidos, aspecto que otro día trataremos con mayor detalle. Pero lo que resulta incoherente e inasumible es que pague, a más a más, por aquello que no decide. Por que, ¿qué es sino una transferencia a otro ente estatal más que una “privatización” -la titularidad pasa de mano en ambos casos- en favor de otra administración?, sólo que, si se tratase de una auténtica privatización, el Estado recibiría un dinero por lo que vale lo vendido (transferido) y en el primero, el transferente encima le tiene que pagar al transferido de por vida los gastos y los posibles despilfarros en que este último incurra.

Finalmente, el modelo acordado deja al albur, o al menos públicamente no hay nada dicho al respecto, una cuestión muy importante. En caso de que la Generalidad decida que a partir del 31/12/2010 se busca otro operador distinto de RENFE para prestar los servicios: ¿asume ésta la plantilla y demás activos de Cercanías-Barcelona? Si no es así, ¿se come RENFE -es decir el Estado central- unos trabajadores y unos recursos ociosos, es decir, sin trabajo? Ministro Blanco, esperamos que tenga a bien leer estas líneas y que recapacite sobre lo que va a firmar, porque, además, va a sentar "jurisprudencia" para el resto de autonomías.

Otras referencias sobre el tema:

De lo que nadie habla sobre las transferencias de cercanías a Cataluña

A propósito de las transferencias ferroviarias a las CCAA. ¿Es transferible el patrimonio?

Cercanías y lo mejor de Media Distancia de Cataluña serán gestionadas por la Generalidad

La ministra de Fomento quiere un único patron. ¿Modelo o modelos de transferencia de las Cercanías de RENFE Operadora?


5 comentarios:

Por un puñado de votos dijo...

Gracias FTF por denunciar este acuerdo que viene a ser una propuesta de abuso a perpetuidad al resto de España... maravillas de la Pólvora del Rey.

Lo peor es que toda España pagará las mejoras y Cataluña se apuntará su "éxito de gestión"

Anónimo dijo...

Esto no es más que otro capítulo del modelo diseñado por Rodriguez y sus socios nacional-socialistas catalanes en su Estuto: nosotros les pagamos su independencia, ellos nos saquean e imponen su ley y su sistema liberticida. Los tribunales dirán amén, que para eso son títeres serviles del poder politico.

No sólo en Cercanías, ya hay operaciones del mismo tipo en marcha para mercancías, por hablar sólo de trenes. En todo es igual, simplemente quedamos relegados al papel de colonias que sirven y pagan al amo politico catalán, mientras éste nos patea y escupe.

Suerte y a seguir en la brecha... mientras podais.

Anónimo dijo...

Feliz 2010 a FTF y sus lectores. Gracias por un excelente FTF en 2009.

FTF dijo...

Muchas gracias por el apoyo y ánimo que nos dáis. Vuestros comentarios nos ayudan y enriquecen nuestras ideas. Vuestras críticas, también agrandan nuestros conocimientos. Seguid con vuestros comentarios, porque así sabremos que estáis ahí. En 2010 seguiremos c0n nuestro propósito de hacerlo lo mejor que podamos.
Un abrazo

blabla dijo...

La pregunta es: entonces no estamos alterando la balanza? El Estado central se ahorraría millones que ahora tienen que gastar las comunidades. O no me cuadra o leí mal.
Si es que no cuadra, cuál es la propuesta para que, además de no dar barra libre y que las comunidades sean resposnables de sus gastos (algo obviamente muy sensato y lo más eficiente), no se altere la balanza el Estado transfiera lo que se está ahorrando?