Cómo ser maquinista ferroviario en 2020

AENA cobra desde 167,6 hasta 700 € por encuestador y día por hacer encuestas para estudios de transporte en los aeropuertos.

Ese concepto no figura en su guía de Tarifas de 2007

AENA, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, encargado de la gestión de los aeropuertos y la navegación aérea, cobra a los organismos y empresas que realizan estudios de transporte desde 167,6 euros por encuestador y día en el aeropuerto del Prat de Barcelona hasta 700 € en la terminal T4 de Barajas. 600 € si se trata de las terminales T1, T2, y T3. Increíble, pero cierto. En el caso que se menciona y que da pie a este artículo se trata de un trabajo a desarrollar por una consultora por encargo de una empresa pública de transporte de primera fila nacional.

Pero no sólo esto es así. Al margen de que cada aeropuerto tiene su tarifa, como se puede apreciar, cada aeropuerto tiene un distinto modelo de caja. Barcelona ingresa los euros que recauda por este concepto en la caja de su propio aeropuerto, mientras que el aeropuerto de Barajas tiene su propio método. Este aeropuerto invita a las empresas u organismos que se ven obligados a realizar las encuestas a pasarse por la caja de lo que la Dirección Comercial del aeropuerto y la propia recaudadora llaman “concesionaria”. Da la casualidad de que esta concesionaria no es otra que la empresa que gestiona la publicidad del aeropuerto y que depende de una gran empresa constructora, energética, de servicios, cuyo máximo accionista no ha muchos años ocupó la presidencia de un, hoy penitencial, gran equipo de fútbol.

Sin duda, todo este sistema recaudatorio es, presuntamente, ilegal y huele muy mal. El objeto recaudatorio no se parece en nada ni encaja en ninguna figura tributaria. Tampoco puede considerarse una tasa por un servicio prestado –AENA en este caso no hace nada, ni presta ningún servicio-. Ni siquiera sus cuantías están reguladas por AENA y son los propios aeropuertos los que deciden a su albur el importe del “peaje” y el procedimiento recaudatorio.

Es más, la denominada concesionaria, cuyo nombre y razón social no consta por ningún lado, tiene un empleado que se denomina Jefe Ventas Aeropuertos, con el cual firma la correspondencia comercial lo que induce a una confusa ambigüedad de si se trata del propio aeropuerto o la tal concesionaria.

Para que AENA, es decir, el aeropuerto, autorice la realización de las encuestas hay que proporcionar a esta empresa privada nada menos que lo siguiente: el briefing completo de la encuesta, donde se recoja el nº de entrevistadores, días a contratar, horario, lugar de las entrevistas, propuesta económica aceptada de la tarifa que impone el aeropuerto, copia de las preguntas de la encuesta, etc. Después de todo ello, uno de los aeropuertos hasta tiene la desfachatez de solicitar los resultados de la encuesta y el estudio. La sartén, el mango y la pernada también.

Todo, las formas y el fondo huelen mal. Muy mal. Cuanto menos a ilegalidad manifiesta sino a otras cosas peores, ilegales también. Y eso que se trata de un organismo público donde debe haber transparencia, limpieza, justeza y un respeto y cumplimiento estricto de las leyes

¿Dónde queda aquello de que las autoridades y organismos públicos deben facilitar la obtención de datos para fines públicos de conocimiento estadístico y estudios, en este caso de movilidad y transporte? ¿Dónde la sensibilidad de sus responsables, profesionales de la aeronáutica, respecto de la investigación en el transporte? En este caso no se trataba de hacer encuestas a los pasajeros para saber qué marca de perfume prefieren, sino para algo más serio e interesante, aunque lo otro también lo sea.

¿Puede dar este organismo público razones de estos hechos?. Dicho en castizo, mucho se teme FTF “que va a ser de que no”.