Transporte, subvención, sostenibilidad y equidad (y II)

El artículo anterior intentaba poner de manifiesto que la subvención y la sostenibilidad son categorías de difícil acomodo para convivir de forma lógica y racional. La perpetuidad de las subvenciones es algo en si mismo contradictorio, mucho más en relación con la sostenibilidad que es, por definición, la capacidad de las cosas, organizaciones, ecosistemas, etc para perpetuarse en el tiempo sin degradar las características del entorno y de si mismas, mediante la generación de recursos que las dote de una cierta autonomía proyectiva.

Hoy toca hablar de subvención, sostenibilidad y equidad.

Si subvención y sostenibilidad no son conceptos muy afines tampoco lo es subvención y equidad. Desde la óptica fiscal, la subvención son aquellos recursos económicos o de otra índole que, procedentes del común de los recursos públicos, son detraidos para acudir en ayuda de una actividad que por si misma no es capaz o no puede desenvolverse con éxito, con beneficio.

Ello implica que frente al resto de actividades económicas las subvencionadas gozan de un privilegio que es equivalente a la aportación de las demás, que se ven mermadas en las capacidades y recursos que aportan a la subvencionada. En la condición de privilegio reside precisamente la inequidad de la subvención.

En una lógica de comportamiento económico lo dicho anteriormente no tiene ni pies ni cabeza. Salvo en un contexto de praxis religiosa donde existen comportamientos no economicistas como la caridad cristiana o la compasión budista, una subvención o un aportación a fondo perdido no tiene sentido si no se dan otra serie de contraprestaciones.

Toda subvención tiene como finalidad ayudar a alguien, individuos o empresas, para alcanzar algo que se estima necesario, de utilidad común, de valor social. Subvencionar a un modo de transporte por razones de utilidad pública allí donde operadores privados no existan o bien a éstos porque si no no se prestaría el servicio, subvencionar los precios de los usuarios como método de distribución de rentas, etc, etc.

Siempre que de la subvención se derive otro bien económico o social de valor equivalente, al menos, ésta tiene justificación. Si no es así, la subvención no es equitativa, carece de equidad y se convierte en despilfarro, es económica y socialmente perversa.

¿Tiene todo este discurso algo que ver con el transporte? Pues, si. Y mucho.

Como dije en el primer artículo, según la Contabilidad Nacional, el sector del transporte es uno de los más subvencionados. Y alguna que otra vez, más de las deseadas, las subvenciones aplicadas a las empresas operadoras y, más concretamente a las empresas públicas, no han alcanzado la relación de subvención / calidad y subvención / eficiencia deseable. Cada vez que nuestros compromisos de puntualidad, transparencia, calidad de servicios no son cumplidos según lo pactado, la equidad de la subvención se quiebra, se rompe en cuantía equivalente a nuestros incumplimientos. En buena ley, cada vez que esto ocurra la empresa debería devolver la parte de subvención equivalente al incumplimiento y retornar al común de contribuyentes que, de su bolsillo, la hacen posible.

Tampoco debemos olvidar que algo que ver con la equidad tiene que ver el hecho de todos los recursos que nutren a una actividad pública, empresa o no, provienen única y exclusivamente del bolsillo de los ciudadanos. Sean trenes, salarios, liberados sindicales, infraestructuras, estudios, etc. Todo. Incluida la subvención.