La diputada del Congreso Rosana Pérez del Grupo Mixto (BNG) ha interpelado por escrito al gobierno sobre la Agencia de Seguridad Ferroviaria, con amplias competencias en homologación y seguridad ferroviaria.
A continuación mostramos los enlaces al texto de la pregunta parlamentaria y al texto de la contestación del gobierno.
El gobierno no entra en el fondo de la pregunta y contesta de forma torticera con lugares comunes, alejados del fondo de la cuestión, que no es otro que la ausencia absoluta de independencia de la Agencia respecto del poder político, contraviniendo lo prescrito por la legislación comunitaria vigente.
Tampoco contesta el ejecutivo sobre las razones que llevaron al nombramiento como Director de la ASF del que fuera director de la línea noroeste de Adif, línea en la que ocurrió el accidente de Angrois.
PREGUNTA:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas a la constitución de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
Con fecha del 23 de diciembre de 2014 se publicaba en el BOE el Real Decreto 1072/2014, de 19 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y se aprueba su Estatuto.
En línea con lo establecido en su Estatuto, se crea el 1 de abril dicha Agencia (AESF). Es un organismo adscrito al Ministerio de Fomento que sustituye a la antigua Dirección General de Ferrocarriles.
La creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria es una de las reformas estructurales del sector ferroviario y que se crea para cumplir la legislación comunitaria en esta materia. En línea con las recomendaciones comunitarias, será a partir de ahora la máxima autoridad en materia de seguridad ferroviaria en el estado español.
Los objetivos de este nuevo órgano serán detectar, analizar y evaluar los riesgos de la seguridad en el ferrocarril, así como ordenar inspeccionar y supervisar la seguridad de todos los elementos ferroviarios. Entre sus tareas se encuentra la homologación de los trenes y sistemas ferroviario, la gestión de las licencias y los títulos de conducción de los maquinistas así como la creación de normas y la imposición de sanciones para quien no las cumpla.
Dicha Agencia está presidida por el Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño, contará con un Consejo rector (formado por ocho vocales), una comisión de control y un director general que se encargará de las funciones ejecutivas.
En el artículo 3 del Real Decreto, en lo referido a «Principios de actuación de la Agencia» se señala que la Agencia se guiará por los siguientes principios de actuación:
a) Independencia en su actuación?
b) Competencia y responsabilidad en el desarrollo y aplicación de las normas de seguridad ferroviaria ?
c) Promoción y difusión de una cultura de seguridad ferroviaria en todos los ámbitos de actuación.
d) Calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Bajo nuestro punto de vista, es complicado ejercer independencia cuando las personas al frente de dicho órgano procederán todas del propio Ministerio de Fomento, e incluso se nutrirá de cargos del Ministerio de Hacienda y Economía. Igual que defendimos la independencia de la CIAF, también creemos que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria debería ser independiente en línea con lo establecido en la normativa de la UE.
Pero es evidente el control que ejerce Fomento sobre todo tipo de órganos relacionados con el transporte ferroviario o con la seguridad. El nombramiento de los miembros del Consejo Rector de la Agencia es la evidencia más clara de un ejercicio endogámico más de Fomento. Basta con fijarse en el artículo 16 del Estatuto de la Agencia donde se detalla el nombramiento de consejeros del Consejo Rector por parte del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía o del Ministerio de Industria.
Pero hay un caso que nos interesa destacar. Y es la persona que dirigirá la AESF. Según parece, será el Señor Carlos Díez Arroyo, ex director de la línea de alta velocidad del Noroeste de Adif. Uno de los firmantes de la modificación del proyecto de entrada del AVE en Santiago que tuvo como consecuencia la rebaja del sistema de seguridad en la línea Santiago-Ourense, trayecto en el que se produjo el trágico y fatídico accidente del Alvia en julio de 2013, en Angrois.
El Ministerio de Fomento se ha caracterizado desde siempre por ser un círculo cerrado en el que llevan décadas moviéndose de un puesto a otro las mismas personas. Podemos ver los mismos nombres rotando de un cargo de responsabilidad a otro, independientemente del color del Gobierno. Es una característica implícita de Fomento. Nada tenemos en contra de la promoción interna de funcionarios de carreras acreditadas, pero si debemos poner en cuestión que puedan estar al frente de responsabilidades relacionadas con la seguridad ferroviaria personas que han contribuido a la rebaja del dispositivo de seguridad en la línea Ourense-Santiago o en la entrada a Santiago.
Para el BNG el terrible accidente del Alvia no fue sólo producto de un despiste humano, que es la teoría interesada de Fomento. Hubo responsabilidades políticas que permanecen sin esclarecer por la férrea negativa del Gobierno a constituir una Comisión de Investigación parlamentaria a pesar de las reiteradas demandas del BNG.
Si ya nos resulta penoso y sumamente inexplicable que una de las mayores catástrofes ferroviarias del estado no fuese objeto de una investigación parlamentaria, ni de un adecuado y necesario análisis, sigue sorprendiéndonos la hiper protección que Fomento practica para con todos los cargos que tuvieron alguna responsabilidad en el proyecto de la línea ferroviaria Ourense-Santiago. Nos resulta sencillamente inexplicable que se ampare e incluso se premie a responsables ferroviarios que participaron o tenían alguna competencia en la modificación del proyecto ferroviario, una de las claves del siniestro del Alvia.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿De verdad considera el Gobierno que la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sigue pulcramente la normativa comunitaria?
¿No debería ser un órgano independiente por completo?
¿No cree que si se pretende ejercer «la independencia en la actuación de la Agencia» debería estar más desligada del Gobierno? ¿Cómo puede ejercer la independencia de su actuación o «transparencia en el ejercicio de sus funciones» un órgano cuya Presidencia recae en el Secretario General de Infraestructuras y cuyos consejeros del Consejo Rector están designados por cuatro Ministerios?
¿En serio cree el Gobierno que dicho órgano va a conducirse de manera independiente cuando en realidad es un trasvase de cargos de Fomento?
En lo que respecta al Director de la Agencia, ¿es cierto que dicha función va a recaer en una persona que fue director de la línea de alta velocidad del Noroeste de Adif, y que fue uno de los responsables firmantes de la modificación del proyecto de entrada del AVE a Santiago, que tuvo como consecuencia la rebaja del sistema de seguridad en la línea Santiago-Ourense, conexión en la que se produjo el fatal accidente del Alvia en Angrois?
De ser así, ¿al menos, no debería el Gobierno mantener las formas y tratar de designar a personas que no hayan tenido relación o responsabilidades en cuanto al proyecto de la línea ferroviaria Ourense-Santiago o que haya tenido competencias en su seguridad? ¿No es posible hacer las cosas de otra forma?
A la hora de realizar las designaciones para la Agenda Estatal de Seguridad Ferroviaria, ¿no puede el Gobierno designar a personas o profesionales o expertos ferroviarios, que los hay, sin ningún tipo de relación con el siniestro del Alvia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2015.?Rosana Pérez Fernández, Diputada
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