Sánchez Galán es el máximo ejecutivo de la super eléctrica oligopolista Iberdrola. Cualquier ejecutivo de una compañía privada tiene como misión principal mirar por los beneficios de sus accionistas, además de responder socialmente y ejercitar una gestión moralmente responsable. Lo que hace años ha venido en llamarse "la responsabilidad social corporativa".
De moral, andamos bastante mal tiempo ha. En todas las instituciones a las que miremos: la política y la inmensa mayoría de los partidos políticos, por supuesto los primeros, le sigue el gobierno, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la judicatura, la mayoría de los medios de comunicación que están vendidos a lo políticamente correcto que es el trinque, la corrupción y la no ley.
Por ello, no es de extrañar que a algunos ejecutivos los humos se les suban a la cabeza y se crean dioses. En eso demuestran su falta de preparación para el puesto que desempeñan, que les viene grande. No son empresarios, no es su negocio, como se dice ahora, son "cobradores de bonus", de unos bonus muy suntuosos que generalmente sobrepasan la retribución que merecerían sus actuaciones gerenciales. Sin bonus, el salario de Sánchez Galán fue en 2016, último dato conocido de 6,15 millones anuales. No está nada mal. Del orden de 410 veces más que el salario de la señora que le limpia el despacho todos los días.
Su afán de poder les lleva a apoyarse en el hampa para espiar y conspirar contra sus contrincantes empresariales y acaban arrastrando a la compañía que gerencian, al tiempo que pasan a formar parte de ser carne de cañón y ser sometidos a chantajes. Pero, además tienen la desfachatez de acudir a los fondos de su empresa y éstos sean empleados en pagar defensas jurídicas, la compra de voluntades de terceros y demás tropelías. O sea, robo, malversación de fondos, prevaricación, etc.
Este sujeto lleva en los mentideros políticos y de los medios de comunicación muchos meses, pero su reputación ha caído en picado desde que ha sido imputado -ahora se dice investigado- judicialmente.
Aunque no está obligado a dimitir tras su imputación este, señor, viéndoselas venir, se blindó en la Junta de Accionistas de 2020 ante esta eventualidad, con la argucia, aprobada por el 99,9% por la que se modificó el artículo 8 de los Estatutos Sociales, por la que le "endiñó" el código ético de gobierno corporativo a la llamada Unidad de Cumplimiento.
No obstante, artículo 21.3, apartado b) del Reglamento del Consejo de Administración señala que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo: “Cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del Grupo”. Y el apartado c dice: “Cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia Sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta”. Blanco y en botella.
La gracieta de las aspiraciones a ser aprendiz de brujo, les ha costado a los accionistas de Iberdrola la friolera de 3.000 millones de euros desde que su presidente fuera imputado, que no es moco de pavo y que muchos están en prisión por mucho, muchísimo menos. La gráfica adjunta es suficientemente expresiva. No sólo cae su reputación social y profesional sino que con ella arrastran la reputación de la empresa ante los mercados.
Con frecuencia nos fijamos solo en la gestión pública, en la que por cierto hay mucho que barrer, pero la privada tampoco se queda atrás, como es el caso de este señor, sobre el que, presunción de inocencia por delante, caso de ser culpable de algo, debe caer sobre él todo el peso de la ley. Como a todos. Bueno, a algunos por lo visto la ley no les afecta y si les afecta, se les desafecta. Y punto.
4 comentarios:
Felicito a FTF por levantar la alfombra, que por cualquier esquina muestra la porquería que esconde. De lo que no se habla (o escribe) no existe, porque si no se muestra, se ignora. Por eso los noticiarios no dan ciertas noticias y en otras se explayan para crear así una realidad conforme a su propósito, según las directrices del gobierno. Afortunadamente hay canales que no están bajo la imposición totalitarista del gobierno que nos desgobierna, sin oposición efectiva.
'La gracieta [...] les ha costado a los accionistas de Iberdrola la friolera de 3.000 millones de euros desde que su presidente fuera imputado...' ¿que han respondido los accionistas? ¿callan y tragan? ¿qué organismos reguladores existen para evitar que esto ocurra (de nuevo)?
Y el post termina con 'Bueno, a algunos por lo visto la ley no les afecta y si les afecta, se les desafecta. Y punto.' Y esto es lo más lamentable. Y lo estamos viendo a diario en un montón de decisiones judiciales.
Con la Ley de Seguridad Nacional, Sánchez quiere movilizar a cualquier ciudadano mayor de edad, el acceso temporal a bienes públicos y privados y la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades. Y pronto, como en Venezuela, con la aquiescencia de los tribunales europeos. Que Dios nos ampare!.
Al leer este artículo, me viene a la mente el recuerdo de Miguel Blesa, el consejo de administración de Caja Madrid de 1996 a 2009, que fue condenado a seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012.
Podemos pensar si, en sus anteriores cargos de responsabilidad en varios Consejos de Administración, fue honesto, o empezó a iniciarse en la malversación, hasta llegar a un cargo que le permitía hacer realidad aquella máxima de 'no te pido que me des, sino que me pongas donde hay'. Su propia condena fue el suicidio cobarde, pero efectivo y 'sus herederos deben pagar las respectivas indemnizaciones a los perjudicados'. En esos tiempos había otro gobierno, con otro presidente. Pedro Sánchez ‘esconde’ que fue consejero de la Asamblea de Caja Madrid con Blesa, como concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y que él también contribuyó, con su presencia y con su voto, a la politización de la entidad que ha dado lugar al mayor coste del rescate financiero. Y ahora Sánchez es el presidente de la nación.
Iberdrola, Repsol y Caixa pueden ser imputadas por Villarejo. El primer banco, la primera petrolera y la primera eléctrica: la economía española, pendientes de un policía presuntamente corrupto, de una fiscalía politizada y de un sanchismo empeñado en controlarlo todo.
Así lo ha decidido la Fiscalía Anticorrupción brazo armado de la Fiscalía General del Estado Dolores Delgado y de la Moncloa y conocida en los ambientes jurídicos como fiscalía pro-corrupción.
'Iberdrola se arriesga a perder financiación de la UE por el escándalo Villarejo', informaba la prensa en noviembre de 2019 y matizaba que 'Iberinco ya fue suspendida por el BEI en 2018'.
Desde hace muchos años las empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 habitualmente adolecen de falta de transparencia y el sistema de gobierno de sus Consejos de administración ofrece una escasa mejoría con el paso de los años.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de un expediente, que puede llegar a ser sancionador, a algunos de los grandes bancos. Afecta a Santander y CaixaBank, entre otros... García-Castellón ya imputó al BBVA en el caso Villarejo por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
Leyendo todo esto, alguien se podría pregunta hacia dónde nos lleva esta situación, esta malversación, esta corrupción que está consintiendo (y participando) este gobierno y el anterior y el anterior al anterior. Y miramos a Franco y a los franquistas. Y con Franco, muchos de los que hoy gritan contra Franco y el franquismo, eran acérrimos franquistas. Cambió el régimen y cambiaron de chaqueta. Pero que sea un ex-policía 'corrupto' el que esté haciendo tambalearse las estructuras de empresas públicas y privadas, manda... lo de Federico Trillo. De todo esto tiene que salir al rescate el sufrido pueblo español, para pagar los desmanes de unos y de otros ¿“La necesidad obliga”? Ya se cargaron Banesto ¿y mejoraron las cosas?
Publicar un comentario