08 marzo, 2022

3.147 días sin juicio

                                                                                                                                                                      El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia comunicó a la Plataforma de Víctimas que la vista oral por la tragedia de Angrois de Julio de 2013 se celebraría en el primer trimestre de 2022. Un nuevo retraso prevé que será, si hay suerte, para después del verano cuando se celebre la vista, luego de más de largos ocho años de instrucción y espera.


Han pasado 3.147 días desde que se produjo la tragedia del tren Alvia 04155 en Angrois a la entrada de Santiago de Compostela. El accidente tuvo su causa inmediata en un despiste del maquinista, pero las causas originarias hay que buscarlas en el ámbito político en el afán de inaugurar una entrada y una línea de alta velocidad inexistentes, lo que hizo que se modificasen proyectos y se permitiesen circulaciones de trenes sin las mínimas garantías de seguridad exigibles en este caso. La consecuencia, 81 personas fallecidas y más de 140 personas heridas de muy diversa consideración.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la justicia (me cuesta trabajo escribir esta palabra con mayúscula) todavía no ha tenido tiempo de abrir causa oral para dirimir y aclarar las responsabilidades a que hubiese lugar.

Según lo ocurrido desde la tarde del 24 de Julio de 2013 hasta hoy, la justicia ha trabajado para sí misma y no para los ciudadanos y en especial para los afectados por la tragedia. Ha cambiado de juez, ha cambiado de fiscal por la inacción del primer fiscal nombrado, ha permitido que ADIF y RENFE hayan tardado injustificadamente en la entrega de documentos demandados, ha solicitado pericias a personas incompetentes en la materia a investigar y todo ha languidecido de una manera socialmente inaceptable, con errores y retrasos constantes .

¿Acaso para el juez instructor de la causa no es suficiente el sufrimiento y el dolor de las víctimas sobrevivientes, de sus familias y amigos, que son miles de personas?, ¿qué otras causas de mayor urgencia ha habido que sentenciar, a lo largo de todo este tiempo?

Según ha hecho público la Asociación Plataforma Victimas Alvia 04155,  el presidente del TSXG José María Gómez y Díaz-Castroverde les dijo que el juicio oral "comenzaría en el primer trimestre" y la Fiscalía, "antes de que empiece el verano" de 2022, para a poco no tardar "cobardear en tablas" y señalar que la vista se retrasa  "hasta después del verano", retraso que se debe a la “complejidad del caso”, que “tendrá más 600 testigos y peritos, lo que supone una labor ingente administrativa”. El fiscal, en cambio habla de 400 testigos. 

Todos sabemos de la falta de recursos económicos, digitales, humanos, etc de que adolece la justicia española. Pero, todos sabemos también que ni los ciudadanos, ni mucho menos las víctimas y las familias de las víctimas tienen la culpa de esto sea así. Los jueces y los funcionarios de la justicia no deben ampararse en ello para justificar cualquier negligencia que siempre pagan los administrados.

Pero, no solo ha sido una hipotética falta de recursos la culpable de que el juico todavía no se haya sustanciado; también ha fallado el factor humano del que casi solo se salva el juez instructor que inicialmente se hizo cargo del sumario. Este juez que parecía tener bastante claras las ideas respecto de los hechos acaecidos y de las responsabilidades a distintos niveles, no solo por la negligencia o imprudencia del maquinista, pronto fue apartado de la causa al amparo de que tiempo atrás había solicitado plaza en otro destino, que queremos pensar nada ha tenido que ver con la mano negra de la política. 

Lo que vino después: el nuevo juez instructor y el primer fiscal, han mantenido una trayectoria manifiestamente mejorable, que se han traducido en circunstancias a las que ya nos hemos referido más arriba. Sí señalar, que como con alguna frecuencia suele ocurrir en casos de naturaleza política la fiscalía no se sabe si defiende la legalidad y los intereses públicos o actúa como abogado defensor de los acusados.

La Asociación de Víctimas en su escrito dirigido al presidente del TSXG finaliza con estas palabras: "Lo que si pueden desde el TSXG es arreglar el problema estructural que tiene y dejar de hacer declaraciones vacías que lo único que generan es más dolor e incertidumbre entre las víctimas y familiares". Palabras que desde FTF suscribimos de la A a la Z.

La primera injusticia para con las Víctimas del Alvia 04155 la ha perpetrado la propia justicia.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Después de leído el artículo, concluyo que se trata de un juicio político. Pepiño aún proyecta una larga sombra sobre las estructuras de poder de la nación. Los políticos tienen ese escudo que les proporciona la impunidad de tirar la piedra y esconder la mano y sobre todo, si son de ese partido que está en el poder ('¿de quién de pende la fiscalía? pues eso') No se si la decisión equivocada de poner en marcha una línea de AVE, sin toda la seguridad, incluido el accidente, les ha hecho perder votos (en Galicia gana Feijóo por mayoría) Pero en general el gobierno de de Rajoy fue tan bueno que dejó escapar a Puigdemont y los españoles somos tan buenos que aceptamos que la fianza de los independentistas rebeldes sediciosos del 1-O la paguemos de los presupuestos: 'El Tribunal de Cuentas rectifica y permite que la Generalitat avale con dinero público a sus 34 ex altos cargos del ‘procés’. La resolución permitirá que los expedientados recuperen los 9,5 millones de euros de sus fianzas. Con políticos así, en gobiernos así, nos vemos peor que en Ucrania, sin necesidad de que una Rusia nos invada. Y mientras tanto las mujeres obedientes en la calle reivindicando una igualdad quimérica, porque en España, afortunadamente, la inmensa mayoría de las mujeres no tienen que llevar velo, ni sufren mutilación genital, y pueden llegar a altos cargos en las empresas privadas, como Ana Botín, Marta Ortega... e Irene Montero, que ha llegado a ministra y en la empresa privada no la contratarán ni para cajera de supermercado. Con estos mimbres... la justicia del accidente del AVE en Galicia, no será ejemplar precisamente.

Anónimo dijo...

¿Cuánto vale la vida de un ciudadano? Para las compañías de seguros, por un accidente de tránsito, una vida tiene un valor y una lesión también. Para el gobierno no hay ni duelo por las víctimas. Si se estrellase el Falcon con el presidente dentro, habría luto nacional, funerales de Estado por una pérdida irreparable (para muchos sería motivo de alegría, incluso por si corre el escalafón para las Adrianas Lastras). Los pasajeros del tren parece que no merecen ni un juicio justo. Y si hubiese sido el accidente en una empresa privada, se hubiesen depurado responsabilidades inmediatamente. Ventajas de los altos cargos públicos, porque el maquinista no sale beneficiado pero el Semaf era conocedor de estos riesgos y permitió la circulación de los trenes llenos de viajeros. Y una mano se lava la otra. Con políticos así estamos vendidos ante cualquier circunstancia, ante cualquier avatar, para mayor gloria del gobierno, como con la manifestación feminista del 8M, aunque le salga el tiro por la culata, que teniendo la información, la ocultaron. Y murieron muchas personas por el Covid. Y lo peor es que los más necios le siguen dando su confianza y su voto y los más prostituidos, su promoción, diciendo que lo malo es bueno: Medios de Des-Información y Sindicatos comprados. Incluso la oposición política. Y así nos va.

Anónimo dijo...

Hoy hace 18 años que unos asesinos pusieron unas bombas en unos trenes en Madrid. Los que sufrieron aquella experiencia y los familiares de los fallecidos, se quejan por no haber recibido un trato más adecuado.
Lo del tren Alvia de Galicia es más reciente, y no se puede calificar de atentado, pero ambas tienen en común que el gobierno socialista no quiere esclarecer las situaciones. Alguno del gobierno socialista de entonces puso de moda la frase 'Los españoles merecen un gobierno que no les mienta'. Y sí, lo merecemos, pero en el pecado está la penitencia.
El Gobierno oculta cómo piensa gastar los 20.319 millones del plan de igualdad. Sin comentarios.