La trampa de las OSP ferroviarias

El Secretario de Estado de Infraestructuras en una
intervención sobre OSP en el Transporte Aéreo. Foto EFE

 Se define un servicio como Obligación de Servicio Público, cuando una administración competente sobre el mismo, considera que es necesaria su prestación para subvenir a una necesidad de interés público colectivo. En el caso que nos ocupa, nos referimos a las O.S.P de transporte ferroviario que Fomento va a establecer de forma definitiva y que lleva a cabo en negociaciones con las CCAA.



"Se trata de asignar los recursos a aquellos servicios ferroviarios donde hay demanda y de racionalizar la oferta de Renfe cuando esa demanda no existe".

En el supuesto de que alguna autonomía tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las líneas que sean declaradas OSP, la comunidad podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora, asumiendo el coste del servicio".(Declaraciones del Secretario de Estado de Infraestructuras en Oviedo 17/05/2013)

Si Fomento dice que determinado tren no es obligación de servicio público, es porque estima que el servicio que presta este tren no cumple los requisitos para ser considerado como tal. Es algo objetivo, medido con unos criterios determinados. Su supresión  no causa un perjuicio social grave y puede ser sustituido por otro modo para garantizar el derecho a la movilidad de las poblaciones afectadas.

Entonces, ¿por qué si Fomento dice que un determinado servicio no ha de ser considerado como O.S.P. y, por tanto procede a su supresión, puede llegar la Comunidad autónoma correspondiente y considerarlo como tal  haciéndose cargo de sus costes?  Si un servicio, lo dijimos ya, es o no es O.S.P. lo es, o no, con independencia de que se haga cargo una administración u otra.

El que otra administración, o el rico del pueblo, se haga cargo de sus costes, nada tiene que ver con la naturaleza y necesidad pública de su prestación y el que los costes del servicio los pague Fomento o una Comunidad autónoma pepita o perenganita, su coste acaba repercutiendo de igual manera sobre los ciudadanos a través de sus impuestos, al margen de que el pagador de la subvención sea Fomento o Castilla y León, o el ministro de cultura.

Ministra, decir que un servicio no es OSP y traspasárselo a una Comunidad autónoma, ayuntamiento, u otra administración, que ese día pasaba por su despacho, es hacerse, hacernos trampa en el solitario. A los ciudadanos se nos dice que un servicio no tiene sentido que sea subvencionado y ¿porque lo pague otro ya sí lo tiene? La cosa no tiene ni pies, ni cabeza. Algo peor, engañarnos y tomarnos por tontitos.

Para decir que hay 48, 120 u 800 servicios que no deben ser subvencionables por el presupuesto de Fomento, para luego decirnos que se siguen manteniendo porque los pagan los autonomías de turno, no hacía falta, ni gastarse el dinero que se va a llevar Ineco, la consultora que hará la evaluación, ni el tiempo de tanta farsa negociadora entre unos y otros. Porque, al final, lo vamos a pagar igual.