¿A PARTIR DEL 1/01/2011?,
HASTA AHORA SÓLO INTERROGANTESEl próximo 1 de Enero de 2010, la Generalidad de Cataluña sustituirá al Estado en el Contrato Programa vigente entre FOMENTO y RENFE. Ello conlleva que la Generalidad catalana, a partir de esta fecha, se convierte en el nuevo titular del servicio, si bien NO de la infraestructura que seguirá gestionando, de momento, ADIF. Por decirlo de una manera entendible, RENFE Operadora se convierte en la empresa prestadora del servicio, poniendo el personal (maquinistas, interventores, etc ) y los trenes, al igual que venía haciendo con el Estado. Hasta aquí, la cosa no cambia mucho. Donde en el CP decía Estado o FOMENTO, a partir del 1 de Enero de 2010, dirá, ojo, sólo hasta el 1 de Enero de 2011, GENERALIDAD de Calaluña.
Y a partir de aquí, ¿qué?
Pues, pueden ocurrir tres cosas:
1.- Que la Generalidad esté contenta con el servicio prestado por RENFE Operadora y suscriban un nuevo contrato-programa de servicios por un plazo determinado y la situación no cambiaría mucho respecto de la que se desarrolle durante 2010. Durante este año la Generalidad ya habrá colocado a alguno de sus gestores junto a los de RENFE y será quien dicte los objetivos y niveles de calidad del servicio a cumplimentar por RENFE, pudiendo exigir en esa renovación variaciones en el nº de efectivos de personal y otros medios, así como en el coste/precio del servicio.
2.- Que la Generalidad quiera "comprar" Cercanías de Calaluña; es decir, sus activos (trenes, oficinas, etc) y sus empleados e integrarlos como empresa pública dependiente de la la G.C. De momento, a corto plazo, esta posibilidad no es probable, si bien por protagonismo político y megalomanía nacionalista, no sería descartable a medio-largo plazo una operación de este tipo.
3.- Que la Generalidad, por las razones que sean, prefiera contratar a otra operadora y prescinda de los servicios de RENFE Operadora, sustituyéndolos por los de otra empresa, que bien puede ser pública o privada.
Centrémonos en esta última posibilidad. En este caso, se supone que en lo que se refiere al personal entrará en funcionamiento lo que las leyes establecen como sucesión empresarial, tan presente y con cuantiosos ejemplos en el mundo de las llamadas contratas ferroviarias. En ese caso el nuevo prestador habría de subrogarse en el personal de RENFE, si bien, no tendría por qué en los activos de la empresa saliente. Otros nuevos interrogantes se abren en el horizonte.
1.- ¿Aceptará la Generalidad de buen grado la subrogación en la nueva empresa de todo el personal adscrito a las Cercanías de Cataluña?; ¿lo exigirá RENFE Operadora, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores?; ¿ lo exigirán los Sindicatos, o preferirán éstos que los trabajadores no salgan de RENFE Operadora? Si, tanto unos como otros -Generalidad de Cataluña, RENFE y Sindicatos- no estuviesen por la labor de la subrogación, pierde RENFE Operadora ya que se queda sin una parcela muy importante de su actividad ( demanda e ingresos) -más de la cuarta parte de las Cercanías actuales- y con una parte, también muy importante, de recursos ociosos (personas y trenes) que habría de integrar en el resto de núcleos,en contra de la eficiencia y rentabilidad de éstos. Los españoles habrían de pagar más impuestos para cubrir el mayor déficit ocasionado a Cercanías, que no olvidemos es cubierto por todos los contribuyentes.
2.- ¿Caso de que la Generalidad aceptase una sucesión empresarial, exigirá una limpieza de plantilla previamente al traspaso para aligerar costes?;¿lo hará de motu-propio la Operadora para evitarse conflictos?; ¿lo exigirán los sindicatos, para dar carta blanca a aquellos trabajadores que no quieran la integración y opten por una movilidad hacia otros destinos en el resto de la red?
Todavía nos quedan un buen puñado de interrogantes respecto de los TRENES. Veamos algunos.
1.- Si RENFE sigue siendo la prestataria de los servicios, seguiría conservando su propiedad, ligada, como es lógico, a la prestación de los servicios encomendados. Aparentemente, no problemas.
2.- Tanto si Cercanías de Cataluña se integrasen en la Generalidad, como si se llevase a efecto una sucesión empresarial, con subrogación de personal, los trenes son difíciles de sustituir a corto plazo, por lo que la Generalidad se vería obligada a adquirir o alquilar a RENFE, en el primer caso, la totalidad o casi del parque para dar el servicio y, en el caso de que el nuevo prestador fuese una nueva empresa, pues lo mismo, ya que ningún nuevo operador tendría tiempo ni capacidad financiera para adquirir un parque tan costoso y renovado. La pregunta del millón es: ¿está en la mente de la Generalidad pagar a RENFE al coste del valor neto contable, los trenes y otros activos ligados a la explotación y el servicio?; ¿ o dan por descontado que la transferencia, que en principio FTF entiende que es sólo de LA TITULARIDAD, incluye la donación de inversiones previas y todos los activos? Si así fuese -y toda la pinta tiene de que así va a ser ya que se trata de Cataluña y las servidumbres parlamentarias conocidas- RENFE tendría que apuntarse unas pérdidas equivalentes al valor actualizado de los trenes, pérdidas que engordarían el déficit y tendrían que ser cubiertas por todos los contribuyentes. RENFE no puede, no debe, "comerse trabajadores o trenes, o ambos, para que otra administración del Estado -una autonomía- "ejercite" su plena autonomía, a costa de los demás, duplicando personas y recursos.
OJO, gestores de las transferencias: transferir unas competencias es transferir la titularidad, no, A COSTE CERO, los bienes privativos de una sociedad mercantil que tiene su Cuenta de Pérdidas y Ganancias y cuyos déficits corren a cargo del bolsillo de los contribuyentes. No hagan de jueces y parte y regalen a unos ciudadanos lo que tienen que pagar de su bolsillo otros muchos más. No debe haber transferencias por el morro, cuando otros ya pagaron, con sudor, lo que se transfiere.
Ministro Blanco, toma nota. Estamos dispuestos a explicártelo.