La prensa, las radios y las televisiones nos bombardean estos días preelectorales con las heces varias que se tiran los políticos, en vez de contarnos sus proyectos para el parlamento europeo, de los que todavía no hemos oido hablar, ni por casualidad. Uno de los casos, y todos se parecen mucho, es el del FALCON de las FFAA utilizado por el presidente del Gobierno para asistir a alguno de los mítines electorales de su partido. Aparte los argumentos del "tu más" se habla de que, como colofón, gobierno y oposición de acuerdo, es necesario legislar esta situación para que no se vuelvan a repetir casos como el citado, de utilización de recursos públicos en un beneficio partidista. Algo debería decir la JUNTA ELECTORAL CENTRAL ya que se trata de que uno de los partidos cuenta con ventajas - un mitinero de uno de los partidos, en este caso el Presidente del Gobierno- sobre el resto que no cuentan con aviones gratis para sus desplazamientos. No todos acuden, por tanto, a las elecciones en igualdad de condiciones. FTF opina que no hay nada que legislar a este respecto ya que todo está ya legislado. La presidencia del Gobierno ha incurrido en una ilegalidad contemplada en la LFP -Ley de la Función Pública- sobre el uso de bienes públicos para usos privativos. Es como si -pongamos un ejemplo- un funcionario en su tiempo de trabajo realiza unas fotocopias de unos apuntes de su hijo y se ve sorprendido por su superior que le recrimina el uso de su tiempo y los recursos de la Administración para fines particulares. Y por ello sufre una sanción. Pues nada distinto a esto es el caso del presidente viajando en el FALCON para ir a Langreo o Bollullos Par del Condado. La máxima autoridad administrativa que es competente en estos asuntos es el INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO, cargo paralelo al del FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en vez de para asuntos judiciales, para asuntos administrativos. Este interventor general -y la intervención del Estado- tienen como misión auditar y comprobar que las cuentas de las administraciones, las empresas y las instituciones públicas son conformes a las normas vigentes y se ajustan a Derecho, en tiempo y forma y nadie se apropia, ni derrocha, ni malversa, caudales públicos. Los argumentos de la seguridad, son de risa. El Presidente puede viajar en línea aérea privada con escolta de un avión militar de caza o con la Guardia Civil peinando la línea férrea o la autopista que sea. ¿DÓNDE ESTÁ METIDO EL INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO para no actuar de oficio, mandar la factura a la presidencia del gobierno, con la correspondiente sanción o reconvención y hacer cumplir la Ley de la Función Pública? Esto, en tiempo de la crisis que nos sacude, además de una ilegalidad, es una INMORALIDAD. Lo haga el Gobierno, lo haga o haya hecho la oposición, o el porquero de Agamenón.
